El organismo que ordena, defiende y transforma.

La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el organismo jurídico del Gobierno de la Ciudad responsable de la representación y defensa de los intereses del Estado local en sede judicial, del control de legalidad de los actos administrativos y del asesoramiento jurídico integral a los poderes públicos. Su mandato es doble: proteger el patrimonio y la acción del Estado y garantizar que el ejercicio del poder público se ajuste al ordenamiento jurídico vigente. Todo ello, al servicio de los derechos de los ciudadanos y del bien común de la Ciudad.

Ser la procuración pública más avanzada de la Argentina: un organismo jurídico inteligente, que combina la más alta excelencia técnica con el uso estratégico de la inteligencia artificial, que genera jurisprudencia favorable, protege el erario público y lidera la transformación del derecho público en la era digital. Una institución que no solo defiende al Estado, sino que lo hace mejor.

La Procuración General es, en primer lugar, el abogado del Estado frente a los tribunales. Esto implica dos misiones complementarias: defender activamente los intereses patrimoniales del Gobierno de la Ciudad frente a las pretensiones de terceros, y gestionar la cartera judicial con inteligencia estratégica para maximizar los resultados, reducir la exposición económica y generar los recursos que el Estado necesita para cumplir sus fines.

Con más de cuarenta y seis mil juicios activos al inicio de la gestión, la primera decisión fue abandonar el modelo de gestión homogéneo y reactivo en favor de un enfoque basado en priorización, análisis económico-jurídico y criterios de impacto. El Scoring de Priorización de Materias Judiciales (SPMJ), con siete criterios ponderados, es la herramienta metodológica que permite a la institución saber dónde concentrar su energía y cuándo actuar. El resultado no es solo más eficiencia: es más dinero ingresado al erario, más ahorro en el gasto judicial y una cartera más sana.

Junto a la gestión estratégica de la cartera, la Procuración General asume la conducción directa de los asuntos de mayor relevancia institucional para el Gobierno de la Ciudad. Los litigios que involucran cuestiones constitucionales, definiciones de política pública, precedentes jurisprudenciales de alto impacto o intereses estratégicos del Estado son gestionados por un equipo especializado de abogados públicos, dedicado de manera exclusiva a esos asuntos. Esta área de litigios complejos opera con una lógica distinta a la de la gestión de cartera: no administra volumen sino profundidad, y su trabajo no se mide en cantidad de juicios resueltos sino en la calidad de los precedentes construidos y en la solidez de la posición jurídica del Estado frente a los tribunales que definen el derecho público de la Ciudad.

La dimensión económica del litigio completa este vertical. La gestión estratégica de las ejecuciones fiscales, la regulación activa de honorarios de abogados y peritos, y la identificación de nuevas vías de recupero son parte integrante de la misión de este vertical: la defensa del Estado no es solo procesal, es también patrimonial.

La mejor causa judicial es la que nunca llega a los tribunales. El segundo vertical estratégico articula la función dictaminante y asesora de la Procuración General como herramienta de prevención del daño antijurídico, reducción del riesgo jurídico y garantía de legalidad de la acción gubernamental.

Este vertical incluye la producción de dictámenes jurídicos de calidad y en tiempos razonables, la generación de criterios técnico-jurídicos homogéneos que orienten la actuación de los distintos organismos del Gobierno de la Ciudad, y la consolidación de una biblioteca jurídica viva que preserve y haga accesible el conocimiento institucional acumulado. La abogacía pública de excelencia no se ejerce reactivamente: se ejerce anticipando los riesgos, construyendo doctrina y asegurando que el Estado actúe siempre dentro del marco de la legalidad.

El desarrollo del capital humano es parte constitutiva de este vertical, no un apéndice administrativo. La excelencia jurídica no se sostiene sin profesionales que crezcan con la institución. Por eso, la Escuela de Formación en Abogacía Pública es uno de los instrumentos centrales de este vertical: forma, actualiza y especializa al cuerpo profesional en derecho público, nuevas tecnologías jurídicas y transformaciones normativas. La construcción de una carrera administrativa clara, con criterios objetivos de progreso y reconocimiento del desempeño, es la condición organizacional que hace posible que ese talento permanezca y se profundice dentro del organismo.

La inteligencia artificial es la tecnología de propósito general más disruptiva de nuestra época. En el campo jurídico-público, su potencial es aún mayor: la naturaleza intensiva en documentos, la repetitividad de muchas tareas de alto volumen y la necesidad de analizar grandes corpus normativos y jurisprudenciales la convierten en una herramienta estratégica de primer orden.

La Procuración General fue el primer organismo público de la Argentina en constituir un área especializada en inteligencia artificial. Bajo el nombre PG Inteligente, la Dirección General de Inteligencia Artificial tiene a su cargo diseñar e implementar la estrategia institucional de adopción de soluciones basadas en IA, agentes de inteligencia artificial y sistemas híbridos; elaborar y mantener actualizado el marco normativo interno en la materia; coordinar la identificación, evaluación y priorización de oportunidades de incorporación de IA en los procesos del organismo; y desplegar los mecanismos de gobernanza institucional orientados a asegurar criterios de transparencia, trazabilidad, rendición de cuentas, supervisión humana y gestión de riesgos.

La dimensión federal e internacional de este vertical es parte de su identidad. La Procuración General articula su posición institucional en materia de inteligencia artificial con organismos del Gobierno de la Ciudad, jurisdicciones provinciales y nacionales, redes federales, organismos multilaterales y espacios académicos, contribuyendo activamente a la construcción de una gobernanza pública de la IA a escala regional. No se trata solo de implementar: se trata de liderar el debate y definir los estándares.

Este vertical también absorbe la transformación organizacional más amplia: la reingeniería de procesos internos, el desarrollo de infraestructura tecnológica robusta y la automatización de microtareas administrativas son parte de la misma agenda de modernización que da identidad a PG Inteligente. La IA no reemplaza el criterio jurídico humano: lo amplifica, lo agiliza y lo libera para concentrarse en lo que verdaderamente requiere inteligencia.