El organismo que ordena, defiende y transforma.

La Procuración General defiende los intereses jurídicos y patrimoniales del Gobierno de la Ciudad ante los tribunales. Con más de 46.000 juicios activos, gestiona la cartera judicial con criterio estratégico: prioriza casos según su impacto económico e institucional, maximiza el recupero para el erario, genera los recursos que el Estado necesita para cumplir sus fines y reduce su exposición económica, dejando atrás el modelo de gestión homogéneo en favor de uno inteligente y orientado a resultados.

Para los asuntos de mayor relevancia institucional -litigios constitucionales, definiciones de política pública, intereses estratégicos del Estado y precedentes de alto impacto- cuenta con un equipo especializado que trabaja en profundidad. Su labor no se mide en cantidad de juicios resueltos, sino en la calidad de los precedentes construidos y en la solidez de la posición jurídica del Estado ante los tribunales que definen el derecho público de la Ciudad.

La Procuración General ejerce una función preventiva central: a través de dictámenes jurídicos de calidad y en tiempos razonables, genera criterios técnico-jurídicos homogéneos que orientan la actuación de todos los organismos del Gobierno de la Ciudad y garantizan que el Estado actúe siempre dentro del marco de la legalidad. A esto se suma la consolidación de una biblioteca jurídica viva que preserva y hace accesible el conocimiento institucional acumulado. La abogacía pública de excelencia no es reactiva: anticipa riesgos, construye doctrina y reduce la exposición jurídica antes de que el conflicto llegue a los tribunales.

El desarrollo del capital humano es parte constitutiva de este enfoque, no un apéndice administrativo. La Escuela de Formación en Abogacía Pública forma, actualiza y especializa al cuerpo profesional en derecho público, nuevas tecnologías jurídicas y transformaciones normativas. Y una carrera administrativa con criterios objetivos de progreso y reconocimiento del desempeño asegura que ese talento no solo ingrese a la institución, sino que permanezca y se profundice en ella

La Procuración General fue el primer organismo público de LATAM en constituir un área especializada en inteligencia artificial: la Dirección General de Inteligencia Artificial.

Bajo el nombre "PG Inteligente” diseñamos e implementamos la estrategia institucional de adopción de IA en el organismo: implementamos IA en nuestros procesos, su uso se rige por marcos normativos vivos que se modifican en línea con la evolución de dicha tecnología, garantizamos criterios de transparencia, focalizamos y potenciamos la capacidad de supervisión humana y gestión de riesgos.

En el campo jurídico-público, la IA es una herramienta estratégica de primer orden: amplifica el criterio jurídico humano, lo agiliza y lo libera para concentrarse en lo que verdaderamente requiere inteligencia.

PG Inteligente no se limita a implementar tecnología: lidera el debate y define estándares.